BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA CONECTIVIDAD UNIVERSAL


Carlos Hernández
De acuerdo con el IFT, al segundo trimestre del 2018 contabilizan 82.7 millones de accesos a Banda Ancha Móvil (BAM), de manera que, la penetración de este servicio corresponde a dos terceras partes de la población. Su elevado dinamismo al alza es tal que tan sólo en 5 años se han sumado más de 50 millones de nuevos accesos.
La trayectoria de crecimiento de accesos al servicio de BAM registra una tendencia positiva pero descendente, ya que durante 2014 y 2015 la tasa de crecimiento anual promedio fue de 40%, pero entre 2016 y 2017 promedió 17.3%. Durante la primera mitad de 2018, el incremento de los accesos tan sólo ascendió a 7.3% anual, es decir, menos de una quinta parte de la observada en 2014-2015.
Esta desaceleración para alcanzar la conectividad universal es atribuible a diversos factores, entre los que destacan: la carencia habilidades digitales, la limitada capacidad económica para hacerse de equipos y servicios, y la falta de disponibilidad del servicio en el segmento de la población aún no usuaria. Este último, sigue un proceso gradual de despliegue de infraestructura que ha tomado varios años en diversos países del mundo.
En México, la compleja geografía y la gran dispersión poblacional ha hecho especialmente difícil la provisión de todo tipo de servicios, como el agua potable, electricidad y las telecomunicaciones. Esto se debe a que todos estos servicios requieren el ejercicio de fuertes sumas de recursos de capital para el despliegue de infraestructura y que, para que se asegure un retorno de inversión, se requiere de cierta masa crítica para su operación.

Como se puede observar en la tabla, la población en México se concentra principalmente en las grandes urbes, de manera que 48% reside en localidades de más 100 mil habitantes, mientras que 29% se encuentran en poblaciones entre 2,500 y 100 mil. La proporción restante (23%), casi una cuarta parte de los mexicanos, viven en localidades con menos de 2,500 habitantes. Estas últimas con marcadas dificultades para la provisión de servicios directo al hogar, entre estos, los de telecomunicaciones.
Debido a que es económicamente inviable llegar a estas poblaciones y a que la conectividad es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, es menester del gobierno crear las condiciones necesarias para incentivar el despliegue de infraestructura. Por ejemplo, agilizar y eliminar los gravámenes excesivos para tramitar permisos para el establecimiento de torres, reducir el costo para explotar las frecuencias del espectro radioeléctrico y realizar programas de cobertura específicos con inversión público-privada, son ejemplos claros de acciones que pueden promoverse desde el gobierno para alcanzar la conectividad universal, especialmente de BAM que alcanza una penetración destacada entre la población y que requiere menores recursos de inversión para su despliegue.

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