AMLO: hechos vs. dichos

DENISE DRESSER
4 octubre, 2019
El presidente López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional Foto: Octavio Gómez El presidente López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Octavio Gómez
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando se vuelve importante enlistar hechos para compararlos con dichos:
AMLO ha hecho del combate a la corrupción su bandera de lucha, pero protege públicamente a Manuel Bartlett y a Ricardo Salinas Pliego, ambos acusados de corrupción.
AMLO ha amenazado con ampliar el tamaño de la Corte y nombrar a nuevos ministros, con el objetivo de controlarla para asegurar que no prosperen acciones de inconstitucionalidad contra su gobierno.
AMLO ha promovido una política de austeridad que está produciendo estragos y carencias constantes en los hospitales públicos y el sector salud.
AMLO ha negado los datos y la evidencia a la hora de elaborar políticas públicas y cuando es confrontado con los resultados, afirma tener “otros datos”.
AMLO ha insistido en promover obras, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, sin contar con estudios de viabilidad o impacto ambiental.
AMLO ha consultado a la Madre Tierra para avalar el Tren Maya, eludiendo las consultas legales que debería llevar a cabo entre las comunidades indígenas de la zona.
AMLO ha cancelado obras públicas a nivel estatal a través de consultas a mano alzada.
AMLO ha llevado a cabo consultas populares al margen de los lineamientos constitucionales que fueron establecidos para asegurar su representatividad y legalidad.
AMLO ha obligado a las secretarías de Estado a cumplir ordenamientos dictados vía memorándums presidenciales que no tienen validez legal.
AMLO ha determinado que todos los funcionarios públicos deben ganar menos que él, pero su propio sueldo fue determinado discrecionalmente.
AMLO ha centralizado las compras del gobierno en la Secretaría de Hacienda y, ante problemas de concentración de mercado y falta de competencia, su gobierno­ ha dejado de comprar medicamentos e insecticidas, generando desabastos que después han sido resueltos con compras más caras a las mismas compañías que denunció.
AMLO ha promovido el levantamiento de censos y padrones llevados a cabo por los Siervos de la Nación, cuyos resultados y metodología no son claros, abriendo la puerta a su uso clientelar.
AMLO ha puesto la política migratoria en manos de Donald Trump, accediendo a todas sus exigencias, lo cual ha convertido a México en muro, policía y sala de espera de miles de migrantes, ahora perseguidos o maltratados en territorio nacional.
AMLO ha militarizado aún más la seguridad pública que sus predecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con la creación y el despliegue de la Guardia Nacional.
AMLO le ha dado a la Sedena y a la Semar un poder económico y político nunca visto, y ha permitido que ambas instancias operen de manera cada vez más opaca, cada vez menos transparente.

AMLO ha nombrado a la Suprema Corte de Justicia a la “Ministra Contratista”, ignorando el conflicto de interés que entraña su vínculo matrimonial con el asesor preferido de este gobierno.
AMLO ha denostado a la sociedad civil y a la prensa crítica, sugiriendo que su agenda es “conservadora” o “fifí”, e ignorando la congruencia de organizaciones y medios que llevan años denunciando la corrupción.
AMLO ha dejado de lado la agenda de justicia transicional que prometió en la campaña y enterrado la idea de una Comisión de la Verdad con acompañamiento internacional.
AMLO ha usado el epíteto “neoliberal” para desacreditar todo aquello con lo cual no está de acuerdo, aunque su encogimiento del Estado, su “voucherización” de la política social y su renuencia a aumentar impuestos lo colocan firmemente en el campo neoliberal que tanto dice despreciar.
AMLO ha debilitado a instituciones creadas para profesionalizar la gestión pública, como la Comisión Reguladora de Energía –donde colocó a incondicionales incompetentes– o la Coneval –a cuyo titular despidió, mintiendo sobre su sueldo.
AMLO ha creado 19 nuevos programas sociales, 18 de los cuales se echaron a andar sin reglas de operación, lo cual hace imposible evaluar su impacto y su buen funcionamiento.
AMLO ha incrementado la proporción de adjudicaciones directas durante sus meses en el poder, aumentando así el margen de discrecionalidad en la relación entre los empresarios y el gobierno.
AMLO ha tomado decisiones que benefician directamente a Carlos Slim y a Ricardo Salinas Pliego, minando así su promesa de “separar el poder político del poder económico”.
AMLO ha desarrollado un proyecto de “rescate” de Pemex con dinero público que no ha convencido a la comunidad financiera internacional, por lo que la calificación de la deuda de la empresa probablemente descenderá, afectando al resto de la economía.
AMLO ha tomado una serie de medidas que han generado incertidumbre, lo cual ha paralizado la inversión y por ende la posibilidad de crecimiento, por lo que la predicción de 2% para el año resulta demasiado optimista.
AMLO ha avalado tácitamente el agandalle legislativo de Morena –en alianza con el PAN– en Baja California, extendiendo inconstitucionalmente el periodo de Jaime Bonilla.
AMLO ha avalado explícitamente la “Ley Garrote” en Tabasco, criminalizando la protesta social para impedir manifestaciones ambientalistas en contra de la refinería de Dos Bocas.
AMLO ha establecido una alianza con las Iglesias evangélicas, a las cuales les ha otorgado concesiones de radio y televisión, poniendo en jaque las herencias liberales y de separación Estado-Iglesia instituidas por Benito Juárez.
AMLO no ha abrogado la “Ley Chayote”, por lo que persiste la discrecionalidad en el uso de la publicidad oficial, a pesar de que haya disminuido su monto.
Este recuento evidencia la sacudida lopezobradorista al sistema, pero también debería servir de alerta ante la posibilidad de regresiones antidemocráticas, medidas económicas contraproducentes y el aumento de la discrecionalidad y la opacidad, nuestros males históricos. La 4T transforma pero los hechos contrastan con los dichos, y de manera preocupante.
Este análisis se publicó el 29 de septiembre de 2019 en la edición 2239 de la revista Proceso