Diputados llevan 16 meses sin nombrar ombudsperson en la CEDH; «cada bancada quiere imponer a su gente»
El principal obstáculo es que todas las bancadas quieren colocar “a su gente” al interior del organismo diseñado para proteger las garantías individuales de los michoacanos
Morelia, Michoacán. Visión de “botín político” en el poder legislativo mantiene acéfala la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en el estado de Michoacán. A 16 meses de que los diputados locales postergaron nombrar al que será ombudsperson por los próximos 4 años, el proyecto se encuentra en la “congeladora” del Congreso estatal.
En voz de líderes integrantes de la Asociación de Organizaciones de Michoacán, el principal obstáculo es que todas las bancadas quieren colocar “a su gente” al interior del organismo diseñado para proteger las garantías individuales de los michoacanos frente a los actos de autoridad y políticas gubernamentales.
Eloy Pintor Guerrero, presidente de la Asociación AOM, se ha propuesto que todos los aspirantes que quedaron en la terna, que fue desechada por las irregularidades en el proceso de selección de ombudspserson en la votación de los legisladores locales, tomen la iniciativa de generar propuestas que deriven en un nombramiento.
“Tenemos un encargado que es el contador Uble y desde entonces no se ha nombrado al titular y el congreso tenía la obligación del presidente. No se ha nombrado por una situación trillada, el Congreso no se ha puesto de acuerdo como si la comisión fuera un reparto de botín. La discusión es esa. No es que no haya buenos perfiles. Necesitamos hoy un encargado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”, manifestó el activista ante la opinión pública.
Desde diciembre del 2019, Uble Mejía asumió el cargo como encargado de despacho de la CEDH, en tanto que se había advertido por parte de especialistas la inconstitucionalidad y el impacto a la autoridad de la Comisión el mantener sin la autoridad investida en un ombudsperson.
Desde que quedó acéfala, la comisión se ha enfrentado a serios retos en la defensa de los derechos humanos en el estado. Desde los efectos del confinamiento obligatorio por la crisis sanitaria, los actos de autoridad, la violencia generalizada y por otra parte, la falta de recursos a finales de año que pusieron en riesgo la operatividad del organismo.
Especialistas han manifestado que si bien se cuenta con la figura de un encargado de despacho, lo anterior de ninguna forma sustituye la investidura de un titular debidamente nombrado por el alcance que puede llegar a tener ante los distintos poderes del estado.
Los colectivos conformados por migrantes, agricultores, académicos, ambientalistas y académicos, señalaron que si bien se nombró un encargado de despacho, lo anterior no ha alcanzado para cubrir el vacío dejado luego de que Víctor Manuel Serrato Lozano concluyó con su periodo de gestión gerente a la CEDH.
Incluso, explicaron que en semanas pasas trascendió la convalecencia por Covid 19 del encargado de despacho, lo que asumieron como un momento de indefensión al organismo que año con año recibe miles de quejas por violaciones a las garantías individuales.
El exhorto es claro para los diputados locales. A un año de la pandemia por COVID 19, las violaciones a los derechos humanos han sido constantes por lo que exigen que antes de que concluya su periodo al frente del legislativo, dejen nombrado al nuevo ombudsperson de Michoacán.
El proceso electoral también es visto como uno de los incentivos para que los legisladores locales “ignoren” el pendiente de nombramiento en la CEDH y otros asuntos relacionados a los derechos humanos. Por lo anterior, los distintos colectivos reconocieron que en el horizonte político, será hasta después de las campañas en que se destraben asuntos de vital importancia para los michoacanos.
Cabe destacar que medios locales de comunicación y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción revelaron a finales del 2020 los señalamientos a legisladores locales por su presunta participación en la colocación de personal y el cobro de vuelta de “cuotas” a los mismos trabajadores. A pesar de la gravedad de las declaraciones y señalamientos, el caso no avanzó más allá del espacio mediático de la opinión pública.
