Exige Ramírez Bedolla que le entreguen el gobierno; amenaza con sanciones ‘fulminantes’
El gobernador electo advirtió de sanciones automáticas, fulminantes e individuales” si los titulares de casi 70 Unidades Programáticas Presupuestales no entregan el 1 de octubre.
Morelia, Michoacán. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo, llamó a los titulares de las dependencias del Ejecutivo a hacer la Entrega – Recepción de la administración pública estatal so pena de sanciones «automáticas, fulminantes e individuales».
El exlíder parlamentario de Morena advirtió que si los titulares de casi 70 Unidades Programáticas Presupuestales (UPPs) no hacen la entrega el 1 de octubre, se harán acreedores a amonestaciones, multas e inhabilitaciones que pueden ir de 3, 5 y 10 años.
Ramírez Bedolla dejó en claro que si los mandos del gobierno de Silvano Aureoles no entregan el aparato administrativo, les levantará acta circunstanciada y hará los reportes ante la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado para el deslinde de responsabilidades.
Los titulares del gabinete legal y ampliado, al igual que de organismos descentralizados y desconcentrados, también deberán rendir declaración patrimonial final a la conclusión de sus encargos.
EL TEEM AÚN NO DICTAMINA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN
Por su parte, el Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) aún no dictamina la validez de la elección de gobernador, aunque Ramírez Bedolla y su equipo ya lo dan por hecho.
Al Pleno del TEEM le corresponde hacer la declaratoria de legalidad y validez de la elección de gobernador con posterioridad a la etapa impugnativa, es decir, después de la judicialización de los comicios.
Los magistrados deberán aprobar el dictamen respectivo a través de una sesión pública especial, a la que habrán de ser invitados los diputados y magistrados locales, y emitirán el Bando Solemne, de acuerdo con el artículo 83 del reglamento interno del TEEM.
El Bando Solemne deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado y, por lo menos, en dos diarios de mayor circulación en el estado, fijándolo también en las sedes del Ejecutivo, del Congreso y del Supremo Tribunal, “para conocimiento general”.