En puerta, nueva deuda: busca Ramírez Bedolla que Congreso local avale nuevo crédito
Diputados locales realizan un “hallazgo”: en el artículo 56 del proyecto de Ley de Ingresos 2022, el Ejecutivo solicita créditos a mediano plazo para atender a poblaciones en “extrema pobreza”
Morelia, Michoacán. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla solicitó autorización al Congreso local para contratar deuda pública de mediano plazo por la cantidad de 470 millones de pesos durante el año 2022. El nuevo financiamiento bancario se destinaría para atender “población en extrema pobreza y localidades de muy alto nivel de rezago”.
Quince días tardaron los diputados en descubrir la solicitud de nuevos empréstitos que se encontraba en el último artículo ordinario del proyecto de Ley de Ingresos del Estado 2022. El tema apareció durante la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), José Zavala Nolasco.
“Créditos no vienen, tampoco vienen nuevos impuestos, y el reemplacamiento, a petición del Congreso, hace unos días con ellos me senté para platicar”, había contestado Luis Navarro García, secretario estatal de Finanzas, a pregunta reporteril expresa en la noche del 21 de noviembre, durante la entrega del paquete económico del próximo año, en la sede del Poder Legislativo.
Según la propuesta del Ejecutivo, el nuevo financiamiento debe pagarse dentro del sexenio bedollistas, sin rebasar en ningún caso el 1 de septiembre del año 2027. La Secretaría de Finanzas se encargaría de contratar uno o varios créditos a tasa fija, hasta por 470 millones de pesos, con las instituciones del sistema financiero mexicano que ofrezcan las mejores condiciones del mercado.
Hasta el 25 por ciento del FISE (Fondo de Infraestructura social para las entidades) se utilizarían como garantía de pago de los créditos.
“Cae más pronto un hablador que un cojo”, soltó el priista Marco Polo Aguirre, presidente de la comisión legislativa de Presupuesto, quien recordó que los morenistas siempre estuvieron en contra de los endeudamientos públicos y se dedicaron a hacer declaraciones sensacionalistas en contra de todo. Ejemplificó que las autoridades actuales habían impugnado la desaparición de la Junta Local de Caminos durante el sexenio pasado, diciendo que era un atropello contra los trabajadores, pero no revivieron ese organismo en el presupuesto 2022. Los 470 millones de pesos que ahora solicita el Ejecutivo, “aunque sean montos chiquitos, son deuda”.
A su vez, la morenista Eréndira Isauro, diputada por Paracho, consideró que la solicitud de financiamiento por 470 millones de pesos no son un endeudamiento como tal, sino más bien un adelanto de la Federación. “Bueno, sí es una pequeña deuda”.
Por su parte, la diputada panista Andrea Villanueva se pronunció por hacer análisis muy cuidadoso en el tema de la deuda pública. “Venimos de una pandemia y se habla de 9 mil negocios cerrados durante el año pasado”. Amonestó a los morenistas porque es muy fácil ver las cosas desde afuera, pero ya adentro del gobierno se dan cuenta de la realidad económica de los michoacanos.
La morenista Seyra Alemán Sierra, presidenta de la comisión legislativa deuda pública, avizoró que los créditos por 470 millones de pesos se destinarían para mantenimiento carretero y para obras públicas por cooperación. En tanto, la perredista Julieta Gallardo, integrante de la bancada independiente del Congreso, anotó que el tema de los nuevos préstamos se abordó ayer en la reunión con el titular de SCOP para financiar “cierta infraestructura”, aunque sin tener claridad sobre el nuevo empréstito, advirtiendo además que definitivamente no habrá aprobación fast track en el pleno camaral.
Créditos deberán registrarse
Los nuevos créditos que contrate el Gobierno de Michoacán sí deberán inscribirse en el Registro Público Único de financiamientos y obligaciones de estados y municipios que lleva la Secretaría de Hacienda, así como ante el Registro de la Secretaría de Finanzas, según el artículo 56 del proyecto de Ley de Ingresos Estatales.
En opinión de la morenista Seyra Alemán, los nuevos créditos ni siquiera estarían considerados como registro de deuda oficial.
El panista Hugo Anaya Ávila explicó que los 470 millones de pesos sería un adelanto de participaciones del FAIS. “En teoría lo contemplan como apoyo a municipios, con la ventaja de pagarlos antes de terminar la actual administración sexenal”.
