Sigue sin haber denuncias penales por irregularidades durante el silvanismo, admite contralora
Hasta ahora sólo ha habido acusaciones mediáticas. “A nadie yo puedo difamar”, expresa Azucena Marín, la contralora; al MP “tengo que llegar con pruebas”, dice
Morelia, Michoacán. Hasta el momento no hay ninguna denuncia penal ni vista de hechos ante el Ministerio Público del fuero común por presuntos delitos atribuidos a la administración del perredista Silvano Aureoles Conejo, reconoció la contralora del Ejecutivo, Azucena Marín Correa, quien informó además que hará una depuración de los 4 mil 200 expedientes abiertos en la dependencia a su cargo.
El 1 de diciembre del 2021, en conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, comprometió un plazo fatal y le encomendó a la Contraloría presentar las denuncias “a fines” de diciembre o “a principios” de enero, a partir de los hallazgos en el proceso de Entrega-Recepción, particularmente en el rubro de seguridad pública, donde detectaron un “modelo de fraude” en arrendamientos de helicópteros, cuarteles y equipo de espionaje.
A escasas horas de concluir el mes de enero, ayer la contralora Marín Correa confirmó que la Contraloría no ha presentado ninguna denuncia penal contra exfuncionarios silvanistas. “Desde una investidura pública, yo no puedo difamar a nadie. Tengo que llegar con pruebas”, atajó la abogada de profesión e hija del finado Fidel Urbano Marín, excoordinador parlamentario del PRD.
La funcionaria estatal se mostró ajena a la denuncia federal contra el exgobernador Aureoles, aunque manifestó estar abierta a la coordinación y ofreció proporcionar toda la información que tenga. Aseguró que la Contraloría ya tiene avances significativos en las investigaciones en Finanzas, Salud, Seguridad y Obras Públicas.
Al cumplirse 4 meses del relevo en el Poder Ejecutivo, Marín informó que hay 4,200 expedientes abiertos en la Contraloría. Anticipó que hará una depuración (“no carpetazo”) de aquellos asuntos ya prescritos o más antiguos, algunos iniciados desde 2008 y 2009, que corresponden a investigaciones inconclusas, cuyos archivos ya no se localizan o donde no hay elementos de prueba.
Este lunes la contralora Marín acudió al Congreso para atestiguar la entrega del informe general ejecutivo de resultados de la fiscalización 2020, a cargo del auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. Ahí, en el uso del micrófono, la funcionaria instó a los servidores públicos a dar resultados a la población, no solamente exponer numeralias y estadísticas.
Sostuvo que la Contraloría Estatal realiza una tarea extenuante, agobiante y frustrante en ocasiones. Al preguntársele sobre los resultados de esa dependencia en los primeros 100 días del nuevo gobierno, Marín replicó: “Integrar expedientes”. Según dijo, la tarea de localizar los expedientes con toda la documentación de soporte ha constituido una labor titánica, pues la anterior administración estatal no los dejó a la mano y han tenido que estarlos recabando. Al cuestionársele si irán exfuncionarios a la cárcel por los desfalcos, terció con tono de reproche: “Si no ven ustedes resultados sangrientos, es porque debemos tener los elementos a la mano”.
Por separado, el auditor superior, Aguirre Abellaneda refrendó que todavía no hay exfuncionarios en la cárcel a partir de la labor fiscalizadora del Congreso del Estado. Informó que la Auditoría Superior ha realizado 263 auditorías al gasto público del 2020 y ha propuesto llegar a las 300 auditorías al gasto del 2021. El jerarca legislativo se congratuló por la ratificación de la autonomía financiera de la Auditoría Superior, lo que lleva a asignarle alrededor de 200 millones de pesos durante el presente año.
