Ramírez Bedolla se disculpará con Arantepacua y promete reparar el daño con las víctimas de abril de 2017

A cinco años de los acontecimientos violentos durante un operativo policial, en los que murieron cuatro comuneros, el gobernador se compromete a cumplir al 100 por ciento la recomendación emitida por la CNDH.

Morelia, Michoacán. Alfredo Ramírez Bedolla anunció que de parte del gobierno de Michoacán y de él como gobernador, habrá una disculpa pública por los hechos ocurridos en Arantepacua en abril de 2017, donde murieron cuatro comuneros durante un operativo policial.

El 23 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que hubo violaciones graves a los derechos humanos consistentes en el derecho a la vida, a la integridad personal, al derecho de reunión, a la libertad de expresión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, por las corporaciones policiales.

En tanto que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) observó la grave deficiencia en la actuación de los cuerpos de seguridad en Michoacán, por lo que consideró necesario fortalecerla capacitación de los servidores públicos de esa área para prevenir violaciones graves, como ocurrió en esa comunidad.

A cinco años de los acontecimientos, Ramírez Bedolla se comprometió a cumplir al 100 por ciento la recomendación emitida por la CNDH, así como a aplicar y lograr la reparación del daño.

El mandatario estatal detalló que se trabaja en el levantamiento del padrón de víctimas y planificando obras y acciones que reconstruyan el tejido social de Arantepacua, “lo que seguirá haciéndose en acuerdo y diálogo con la comunidad, con sus representantes y las víctimas”.

Dejó en claro que habrá una disculpa pública del gobierno por esos acontecimientos: “Dejo desde hoy muy preciso, de manera sencilla, pero clara, que nuestro gobierno y un servidor como gobernador, estamos dispuestos totalmente a emitir esta disculpa pública a la comunidad de Arantepacua y a las víctimas de estos acontecimientos”.

Agregó que el gobierno de Michoacán seguirá respetando, promoviendo y vigilando que se cumplan los derechos de las comunidades indígenas por convicción.

Nunca más se ignorará o se hará a un lado a las comunidades indígenas. Nuestro gobierno es cercano y siempre colaborativo con las comunidades. Nunca más se permitirá un gobierno que reprima, por lo contrario, tenemos la firme convicción que en este caso haya justicia y reparación del daño”.

¿QUÉ PASÓ EN ABRIL DE 2017?

Los hechos se suscitaron en el marco de un conflicto agrario entre las comunidades indígenas de Capácuaro y Arantepacua, que derivó en bloqueos carreteros realizados por integrantes de ambas comunidades. Con la finalidad de solucionar el conflicto, la Secretaría de Gobierno de Michoacán realizó mesas de negociación con ambas poblaciones.

Sin embargo, el 4 de abril, 38 representantes de Arantepacua, que acudieron a una mesa de diálogo con diversas autoridades estatales, fueron detenidos de forma violenta por una patrulla que custodiaba el autobús en el que viajaban, lo cual ocasionó que nuevos representantes de la comunidad acudieran el 5 de abril a la Secretaría de Gobierno para solicitar la liberación de los detenidos, a la vez que se realizó un cierre carretero a la altura de Zirahuén, donde fueron retenidos vehículos y camiones de transporte.

Al tener conocimiento de la retención de vehículos y de dos personas, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) organizó un operativo en conjunto con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJ-M) para “solicitar la liberación de las personas y los vehículos retenidos, garantizar el orden y la paz pública en esa región”.

La SSP elaboró una Orden General de Operaciones en la cual se estableció la participación de 300 elementos (200 pertenecientes al grupo antimotines, 80 a la Dirección de Tránsito y Movilidad, y 20 a la Coordinación de Regiones). Durante la investigación, la SSP informó a la CNDH que fueron hostilizados por integrantes de la comunidad de Arantepacua, y que, alrededor de las 15:00 horas, hubo disparos en su contra, por lo que repelieron la agresión y utilizaron fuerza letal.

De la investigación realizada por la CNDH, se acreditó que además de los 300 efectivos señalados, acudieron un número mayor de elementos policiales estatales y un contingente de SEDENA y Policía Federal que no tuvo contacto con la población. El operativo concluyó alrededor de las 18:00 horas y como consecuencia de los hechos se reportaron 5 fallecimientos (un adolescente, tres adultos y un policía estatal); un número indeterminado de heridos; múltiples personas afectadas por el lanzamiento de gases lacrimógenos; cateos y allanamientos en domicilios, y 10 personas detenidas.

Esta Comisión Nacional acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas el día 4 de abril; la violación al derecho a la privacidad, inviolabilidad del domicilio e inobservancia del principio de legalidad por el cateo ilegal y allanamiento referido por 56 habitantes de Arantepacua, así como afectaciones a nivel colectivo por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza con motivo del lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de manera indiscriminada a la población.