Rechaza PRD que AMLO, por decreto, militarice a la Guardia Nacional

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El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Colima, consideró urgente que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la Controversia Constitucional interpuesta por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en contra de la decisión del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el dirigente estatal del PRD, José Alberto Cisneros Salgado, recordó que lo anterior es una controversia constitucional presentada el 20 de junio de 2020, en contra del acuerdo presidencial por el que se ordenó disponer hasta el 27 de marzo de 2024 de la fuerza armada permanente para tareas de seguridad pública.

Ahora, cabe recordar, el presidente López Obrador anunció que utilizará un decreto para que la Guardia Nacional sea parte de la Defensa Nacional.

Según el comunicado, Cisneros Salgado agregó que se ha abusado de la facultad de emitir decretos, pasando por encima de la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, violentando las sentencias de organismos internacionales y la autonomía de los órganos del Estado.

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Dijo el dirigente estatal del PRD que el presidente de México, “al no tener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, pretende generar un marco jurídico alterno que responda a sus intereses, en detrimento del Estado de Derecho y de las instituciones civiles”.

Las Fuerzas Armadas, afirmó, han invadido espacios públicos, distribuyen vacunas y becas, construyen trenes y refinerías, controlan la seguridad pública y las aduanas.

Existe, lamenta, un “fortalecimiento extrainstitucional” de las instituciones militares, lo cual resulta muy peligroso para su integridad, ya que se encuentran expuestas a la corrupción y funciona en detrimento de las instituciones civiles, que son las que debiéramos estar profesionalizando”.

El PRD, reitera, rechaza el acuerdo que el presidente emita para concretar la militarización de la Guardia Nacional que, constitucionalmente, es un cuerpo civil de Policía.

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