Reforma electoral tiene que aprobarse en 10 meses para aplicarla en 2024
La reforma electoral propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tendría que ser aprobada a más tardar en 10 meses, a fin de que pueda ser aplicable al proceso electoral 2024, de lo contrario no podría ser efectiva para entonces.
Así lo expuso el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), David Alejandro Delgado Arroyo, quien recordó que el Legislativo cuenta con hasta un día antes de 90 días previos al inicio del proceso electoral concurrente próximo, por lo que restan 10 meses para que sea constitucionalmente aplicable una reforma electoral para las elecciones de 2024.
En virtud de lo anterior, Delgado Arroyo consideró que dada la concurrencia y la complejidad de los efectos de una reforma constitucional, todo parece indicar que ya es insuficiente el plazo para llevar a cabo la referida reforma.
Recordó de acuerdo con las disposiciones de la normativa electoral mexicana, faltan 13 meses para el inicio del próximo proceso electoral concurrente, cuya elección más visible, sin duda será la que corresponda a la Presidencia de la Republica. “Si la reforma incluye la Constitución, tendría que devenir en reforma a las Leyes Generales o particulares en la materia que corresponda, e incluso si se trata de Leyes Generales, estas deberían quedar primero, antes de que los efectos pudieran armonizarse en materia de leyes locales”, dijo.
El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE se pronunció porque los foros que actualmente se llevan a cabo para analizar la pretendida reforma, no se conviertan en un monólogo de cada parte que ve por sus propios intereses, sino que exista diálogo y se llegue acuerdos razonables por el bien del estado.
“En materia de reforma electoral, es muy importante considerar que dada su propia naturaleza, de ser las reglas del juego para el ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía, es indispensable una legitimación reforzada, es decir, no solo proveniente de las mayorías que establece la legalidad, sino del consenso de todas las fuerzas políticas, sin exclusiones”, apuntó.
