Política de Costos del Espectro en México: Efectos en Precios Finales de los Servicios Móviles
| RESUMEN EJECUTIVO El espectro radioeléctrico es el insumo esencial por el que viajan nuestra voz y datos de las telecomunicaciones. En el transcurso de la pandemia, ha quedado demostrada su esencialidad para dotar de continuidad y ubicuidad en la realización por parte de toda nuestra sociedad de actividades diversas de comunicación, productividad, educación, entretenimiento, culturales, seguridad, entre otras. La disponibilidad y asequibilidad de la conectividad plena enfrenta hoy barreras económicas, resultantes de los ya elevados y aún crecientes costos por la asignación y uso del espectro, sin parangón en perspectiva internacional. Esta materia resulta relevante especialmente en los próximos días de definición y presentación del Paquete Económico, que integra la fijación del pago de derechos anuales por uso y aprovechamiento de ese recurso, incluido en la Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal del 2023. Durante este año, una preocupación es la magnitud del ajuste de costos que sufrirán los derechos por el uso y explotación del espectro como consecuencia de la elevada inflación que registra la economía mexicana. El acelerado incremento de precios presiona al alza la adquisición de insumos para el despliegue de infraestructura y consecuentemente la estructura de costos de los operadores de telecomunicaciones, quienes a la vez han mantenido e incluso reducido ligeramente los precios de los servicios en años recientes. Entre 2015 y 2022, el incremento acumulado de los costos del espectro asciende a 34.7%, prácticamente al mismo nivel de la inflación de la economía en su conjunto entre diciembre de 2014 y el mismo mes de 2021 (34.5%). A partir de ello, la expectativa es que los costos del espectro se actualicen a un nivel superior al 8% para 2023, el máximo registrado en la última década, como ha sucedido cada año y de acuerdo con lo establecido por el artículo 1º de la Ley Federal de Derechos que mandata el ajuste de derechos con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el INEGI. Por su parte, entre enero de 2015 y diciembre de 2017, los precios absolutos de los servicios móviles descendieron 30%, medidos por el INPC en su componente de telefonía móvil. Esta caída derivó de la entrada en vigor del marco normativo de preponderancia, que incluye la regulación de tarifas de interconexión, componente relevante en la estructura de costos de los operadores, y que resultó en su descenso y también de los precios de los servicios. No obstante, desde 2018, las telecomunicaciones móviles enfrentan presiones alcistas de precios. Hoy se identifican tres fuerzas que explican este fenómeno, a saber: la pujante inflación, la reducción de la asimetría de tarifas de interconexión, que generaba ahorros para los operadores competidores para impulsar su ejercicio de inversiones y mejores precios que el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), pero sobre todo la trayectoria ascendente y acelerada que registran los costos del espectro en México. Las condiciones descritas han resultado en una virtual rigidez de precios nominales, al descender tan sólo 1.1%, en el mes de enero de 2018 y mayo de 2022. Es decir, los operadores móviles no sólo han mantenido, sino incluso logrado reducir sus precios, en un contexto de costos crecientes. El potencial incremento anual de precios frenaría la creciente adopción y uso de la conectividad móvil que se aproxima a alcanzar niveles de masificación (80.1% del total de las líneas móviles al cierre de 2021) y que habilita una ruta de acceso a internet para el grueso de la población. Así también obstaculizaría, por la vía de precios, el cierre de la brecha digital, especialmente en el segmento de la población de menores ingresos. En términos de impacto a la población, el incremento es claramente regresivo, es decir, que impactará en mayor magnitud a los mexicanos en la base de la pirámide, quienes tienen en la conectividad móvil su principal vía de acceso a internet. Esta circunstancia contradice la directriz presidencial de “primero los pobres”. Desde una perspectiva de oferta o de impacto directo a los operadores móviles, los altos cargos de adjudicación y de tenencia espectral para los operadores en México, se han erigido como una barrera a su entrada, al ejercicio de inversiones para el despliegue de infraestructura y al desarrollo de la competencia efectiva. Incluso, ha provocado la devolución espectro por parte de Telefónica y AT&T, desincentivado su participación en procesos licitatorios y/o a su adquisición por la vía del mercado secundario. La actualización de derechos del espectro previsible por parte de la SHCP, si bien no resulta específicamente en la creación de un nuevo impuesto, como prometió no hacerlo en su campaña electoral el hoy presidente, pero representa un importante incremento en la carga que enfrentan los operadores móviles y que tienen que destinar al erario. Estas circunstancias obstaculizan la consecución del objetivo constitucional de alcanzar el pleno acceso de las telecomunicaciones, al encarecer los costos y, consecuentemente, los precios finales de estos servicios. Por lo anterior, se insta a que la autoridad hacendaria opte este año por una política espectral de incentivos al despliegue de la conectividad y exceptúe el alza de precios del espectro, dejando atrás su actual objetivo meramente recaudatorio. Una decisión por esa vía resultaría acorde con precedentes normativos que se han establecido para determinados casos y en situaciones temporales, en donde se establece un factor distinto o bien no se aplica ninguna actualización. De no hacerlo de esta manera, se vislumbra un alza en el costo de los derechos que se traduciría en un incremento de precios, especialmente para aquellos que menos tienen. |
