Fuera del tiempo legal Congreso resolverá magistratura del TJAM
El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), Jesús Sierra Arias, presentó una demanda de amparo en contra del Congreso del Estado por Preclusión, debido a que no se pronunció sobre su reelección, a favor o en contra, dentro de los 90 días naturales anteriores a la fecha en que concluye su periodo que es este 12 de julio.
De acuerdo al artículo 147 del Código de Justicia Administrativa, antes de que la 75 Legislatura lo reformara para anular el derecho que tienen los magistrados a ser reelegidos decía: “…
El Congreso, dentro de los noventa días naturales anteriores a la fecha en que concluya el primero y en su caso, el segundo de los periodos del Magistrado, determinará si debe o no ser reelecto mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes…”.
Al ser este viernes la fecha en que el magistrado Sierra Arias concluye su primer periodo y cesa en el cargo, el Congreso se pronunciará fuera del tiempo legal que tenía establecido en dicho artículo, con base en el cual se le concedió la suspensión definitiva para que no se le aplique la reforma y su reelección o no sea producto de una evaluación de su desempeño.
Los 90 días previos concluyeron el 11 de julio y, lo que procede es la ratificación tácita, indicó el aún magistrado, pero no será así, el dictamen de las comisiones unidas de Justicia y Gobernación que se circuló, junto con la convocatoria para que el pleno de la 75 Legislatura sesione este viernes, dice que se le niega tal posibilidad, lo cual no tendría validez por hacerse fuera del tiempo legal. La Preclusión es la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal por no haberse ejercido en la oportunidad que determina la ley y aplica tanto para los particulares como para la autoridad por muy soberana que se diga.
En su demanda de juicio de amparo Sierra Arias, también pide que el TJAM no pueda designar a un nuevo magistrado por ministerio de ley para ocupar la vacante que deja porque es facultad exclusiva del Congreso del Estado designar magistrados.
