Telecomunicaciones: Un Nuevo Marco Institucional
| Daniel Cabrera |
| Con la llegada del nuevo gobierno, el sector de las telecomunicaciones enfrenta una transformación de su corpus institucional y regulatorioLa reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y las modificaciones a la LOAPF inauguran un nuevo capítulo para la regulación y la competencia económica sectorialLas funciones hasta ahora otorgadas al IFT se dividirán entre la SICT, la ATDT y un nuevo organismo de competencia económica, lo que podría generar incertidumbre y mayores costos administrativos para los agentes reguladosA pesar del potencial para modernizar servicios y reducir brechas digitales, el éxito del nuevo modelo dependerá de una legislación secundaria integral y técnicamente sólida |
| Con la llegada de la nueva administración, el sector convergente de las telecomunicaciones y radiodifusión se enfrenta a una transformación institucional y regulatoria. Con la aprobación de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), se inaugura un nuevo capítulo para la regulación y la competencia económica sectorial. Al comienzo del año 2025, comenzará a operar la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una nueva dependencia al nivel de una secretaría de Estado que absorverá las facultades de política pública en materia de telecomunicaciones. En lo que toca, a la licitación y supervisión del aprovechamiento del espectro radioeléctrico, así como el otorgamiento, revocación y autorización de cambios en el control accionario de concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones, las facultades serán transferidas a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT). Mientras que en materia de competencia económica, queda pendiente la conformación de la entidad que velará por nivelar el terreno de juego entre los jugadores del mercado. Transición Institucional: El Camino Hacia Adelante A pesar de haber generado un clima de incertidumbre respecto al futuro institucional del sector, en días recientes fue turnada para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional que da paso a un nuevo régimen institucional sectorial. Ello tras la publicación del decreto que creó a la ATDT a finales de noviembre pasado. A continuación, deberá publicarse la legislación secundaria que aborde de manera integral y técnica este nuevo marco institucional y se prevé que el IFT continúe operando en gran parte de 2025. Entre los aspectos de lo que va del proceso, amerita destacar la creación de una «doble (o triple) ventanilla», ya que las funciones hasta ahora otorgadas al IFT se dividirán entre la SICT, la ATDT e incluso en un nuevo organismo de competencia económica, lo que podría generar incertidumbre y mayores costos administrativos para los regulados. Otro desafío en esta reestructuración institucional es la potencial falta de coordinación entre los nuevos organismos, lo que podría redundar en conflictos competenciales y esfuerzos duplicados. Adicionalmente, se corre el riesgo de una pérdida significativa de capital humano especializado. Asignación Presupuestal para 2025 De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, se contempla una drástica reducción presupuestal de 70.2% con respecto al monto proyectado para el IFT que tan sólo recibirá $500 millones de pesos (mdp). Estos recursos estarán principalmente destinados a la conclusión de actividades y al pago de liquidaciones para sus trabajadores de confianza y por honorarios, así como para aquellos que opten por el retiro voluntario o anticipado. En contraste, la ATDT se crea con un presupuesto de $3,010 mdp, al captar una asignación de funciones de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, el Servicio Postal Mexicano, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), la Agencia Espacial Mexicana, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Dirección de la Red de Telecomunicaciones, la Dirección de la Red Troncal, la prestación del servicio público de telégrafos, los giros telegráficos nacionales e internacionales, los servicios financieros y financiamiento, a cargo de Financiera para el Bienestar. Por otro lado, el nuevo esquema regulatorio en telecomunicaciones fortalece el papel de la SICT, que, con un presupuesto incrementado a $147,511 mdp (4.8% más que el proyectado), deberá asumir funciones críticas en regulatoria de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Asignación Presupuestal a Entidades del Sector de Telecomunicaciones (Millones de Pesos y Crecimiento vs. Monto Proyectado) |
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| Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del PPEF y PEF 2025En conclusión, el nuevo modelo regulatorio que introduce la ATDT y reasigna las facultades y obligaciones hasta ahora otorgadas al IFT representa un cambio estructural significativo, aunque subóptimo, para la regulación y la competencia económica en el sector de telecomunicaciones en México. A pesar de que la ATDT centraliza diversas funciones y capta recursos de organismos previamente establecidos, este rediseño plantea desafíos relacionados con la fragmentación de competencias, el reestablecimiento de dobles ventanillas, la pérdida de capital humano especializado, así como posibles conflictos jurisdiccionales. Si bien se abren nuevos enfoques gubernamentales como la transformación digital, la ciberseguridad, la economía de datos y la inclusión tecnológica con el potencial de modernizar servicios y reducir brechas digitales, estos objetivos dependerán de una ejecución eficiente y de una legislación secundaria que aborde los vacíos y potenciales contradicciones. |
