Cuestiona PAN Michoacán política asistencialista de Federación
La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán cuestionó las políticas asistencialistas del gobierno federal, la “ley garrote” y “ley Bonilla” en Tabasco y Bajacalifornia y reprochó que el pregonado compromiso de la federalización de la nómina educativa se ha quedado en el discurso.
En rueda de prensa, la secretaria general del PAN en Michoacán, Teresita Herrera Maldonado, cuestionó que el gobierno federal incumplió el compromiso de entregar a Michoacán 21 millones de pesos de un decomiso al crimen organizado. “Como adelantó el presidente de la República este recurso sería destinado a la rehabilitación de los caminos rurales de nuestro estado, pero solo se logró obtener la cantidad de 10 millones de pesos”, reprochó la lideresa panista. Advirtió a López Obrador la necesidad de que apoye con los problemas arraigados en Michoacán, como la federalización de la nómina educativa para el desahogo de la crisis financiera, ya que cuestionó que hasta la fecha se ha quedado en el discurso.
“Se había dicho que de manera paulatina se iban a federalizar las plazas de la nómina magisterial, pero las finanzas estatales tal vez no puedan esperar tanto, hasta que veamos los resultados del pregonado apoyo del gobierno federal”, expuso Herrera Maldonado.
A la retahíla de quejas la panista sumó el proceso de extinción de la Junta Local de Caminos, organismo que bien podría hacerse cargo de la rehabilitación de caminos, por lo que aludió a la necesidad de su permanencia.
Criticó pues la política asistencialista del gobierno federal, al señalar que solo buscan el aplauso de la clientela electoral sin resolver problemas de raíz, que garanticen condiciones de vida adecuadas, con base en un manejo apropiado del presupuesto público.
“Deben atenderse temas prioritarios como salud, educación, empleo y seguridad, de la que tanto adolescemos en nuestro estado”, dijo, al externar su preocupación por la advertencia del banco JP Morgan, de que México se encamina hacia una recesión técnica, por el bajo crecimiento económico en el segundo trimestre del año. Al criticar la denominada “ley garrote” aprobada en Tabasco, y que endurece las penas por impedir ejecución de obras públicas, o realizar bloqueos de calles; la “ley Bonilla”, en Baja California, que amplió el periodo del gobierno estatal, señaló que son muestra de un gobierno incapaz de brindar certidumbre a Michoacán y México.
