No a la regresividad presupuestal para educación superior, iniciativa de la senadora Blanca Piña


Ante la complicada situación financiera que atraviesan las universidades del país, en la que 10 de 34 tienen una grave deuda que hace imposible su operatividad, afectando a miles de trabajadores y a más de medio millón de estudiantes, la Senadora por Michoacán Blanca Estela Piña Gudiño, sometió a consideración de la Asamblea de la Cámara Alta la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se incluye el principio de no regresividad respecto al presupuesto destinado a la educación pública superior.
Recordó que las 10 universidades con deuda grave, representan el 32% del total de la población inscrita en los programas de educación superior en México y entre ellas están las de Veracruz, Zacatecas, Chiapas, Nayarit, Tabasco, Sinaloa, Michoacán, Morelos y el estado de México, las cuales en conjunto tienen una deuda que asciende a los diez mil millones de pesos.

En su análisis, la Senadora michoacana detalló los problemas internos de las universidades para su administración, también, el abandono institucional y la reducción presupuestal que inició en el 2015.
México, dijo, ocupa los últimos lugares en adultos de 25 a 34 años con estudios de educación superior, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Ante esta realidad, consideró imperante la necesidad de instaurar en la Carta Magna el principio de no regresividad presupuestaria referente a la educación superior, al interpretar que la reducción al presupuesto destinado a la educación pública superior en el país, configura una medida regresiva y representa a todas luces, una conculcación del derecho humano a la educación superior de nuestros jóvenes, dejando de reconocer que la educación superior además de ser un derecho humano, es también la herramienta predilecta para el desarrollo del país.
Esta propuesta ha sido aprobada en los estados de Guerrero, Veracruz y Michoacán; estos estados ya incluyeron en sus Constituciones Locales dicho principio.

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