TEPJF no ve ‘narcoelección’ en Michoacán, como afirma Silvano, y descarta los agravios denunciados
Los magistrados consideraron infundadas las acusaciones de violencia generalizada e intervención de grupos armados en la votación del 6 de junio en Michoacán.
Morelia, Michoacán. Al resolver las impugnaciones contra los 24 cómputos distritales de la elección de gobernador de Michoacán, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) descartó todos los agravios referentes a embarazo de urnas, violencia generalizada e intimidación de grupos armados durante la jornada electoral.
A 35 días del relevo en la jefatura del Ejecutivo michoacano, ya sólo queda pendiente de resolver el “juicio madre” que interpuso el equipo jurídico de Carlos Herrera por violación a la veda electoral, por injerencia del presidente López Obrador en la contienda a través de las mañaneras, por propaganda negativa durante campaña y por el activismo electoral de los “Siervos de la Nación”.
Tras la judicialización en ambas instancias, los cómputos distritales arrojan 720 mil votos en favor de Alfredo Ramírez Bedolla. Será el magistrado Indalfer Infante González el encargado de proyectar la sentencia final para resolver antes del 30 de septiembre de 2021.
Ayer el Pleno de la Sala Superior resolvió el último de los juicios de revisión constitucional que faltaba en el nivel distrital, el de La Piedad, y por consiguiente confirmó prácticamente todas las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado (TEEM) relacionadas con los 24 cómputos distritales de la elección para la gubernatura de Michoacán, en fallos de última, definitiva e inapelable instancia.
Solo dos casillas fueron anuladas por la Sala Superior, correspondientes al distrito electoral de Pátzcuaro, en cuantía ínfima de votos para revertir la ventaja de Ramírez Bedolla.
En diversas sesiones virtuales, el Pleno del TEPJF descartó embarazo de urnas porque los partidos “no precisaron” circunstancias de tiempo, modo y lugar de las irregularidades señaladas. El Pleno también declaró infundados los agravios de violencia física o presión sobre mesas de casilla y electores. Asimismo, el Tribunal consideró inoperante el agravio de violencia generalizada e intervención de grupos armados.
La sentencia de la Sala Superior fue en respuesta al Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC- 161/2021, promovido por el PRD en contra de la sentencia emitida por el Tribunal michoacano.
En sucesivas sesiones públicas celebradas a través de videoconferencia, los magistrados federales confirmaron los cómputos distritales de Maravatío, Morelia (Sureste, Noroeste, Suroeste y Noreste), Paracho, Uruapan (Norte y Sur), Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Coalcomán, Puruándiro, Los Reyes, Tarímbaro, Zacapu, Jiquilpan, Hidalgo, Apatzingán y Huetamo. En el caso del distrito de Pátzcuaro, el TEPJF modificó el fallo impugnado para anular la votación de dos casillas instaladas el pasado 6 de junio.
En el distrito de Múgica, el mayor foco rojo a nivel distrital, Ramírez Bedolla sacó 52 mil votos y Carlos Herrera, 18 mil sufragios.
En las resoluciones de segunda instancia, los magistrados de la Sala Superior confirmaron que los quejosos “no precisaron circunstancias de tiempo, modo y lugar” de la intervención de grupos armados. También descartaron el señalamiento genérico de violencia generalizada, ya que “los actores omitieron expresar hechos concretos y no cumplieron con la carga argumentativa”.
Múgica era el mayor reclamo
Alfredo Ramírez Bedolla arrasó en el distrito de Múgica, lo que significó una aportación aplastante y contundente en la ventaja sobre Carlos Herrera Tello. Ahí, la alianza PRI-PAN-PRD denunció “una votación completamente atípica” y exigió su anulación.
Ramírez ganó en el 89.5% de las 255 casillas instaladas en el distrito de Múgica, “entre irregularidades graves, extraordinarias, notorias y que dejan huella en el proceso electoral”, señaló la triple alianza, pero TEEM y TEPJF desecharon agravio por extemporaneidad.
Según la alianza PRI-PAN-PRD, hubo un megaoperativo de grupos armados en Múgica para expulsar a representantes perredistas, embarazar urnas de gobernador e intimidar a funcionarios de casilla, en un contexto de violencia y coacción a gran escala.
