Poder Judicial carece de independencia económica
La independencia del Poder Judicial del Ejecutivo y Legislativo será efectiva cuando su presupuesto no dependa de éstos y se le asigne un porcentaje de los ingresos que tenga el Estado, ya que actualmente ni siquiera se le entrega lo que le asignan, afirmó el magistrado Héctor Octavio Morales.
El año pasado, ejemplificó, les dejaron de transferir las ministraciones calendarizadas para gasto corriente de mayo a diciembre, más de 80 millones de pesos, por lo que se tuvieron que hacer movimientos internos para compensar esa falta de ingresos, por lo que la aspiración no es siquiera que se les asigne determinada cantidad, sino que se las entreguen.
Y no es solo una aspiración del Poder Judicial de Michoacán, es un clamor de los 32 tribunales de los estados que, desde hace años, impulsan un mecanismo que garantice la independencia económica, estableciendo un porcentaje de los ingresos en la Constitución, el cual podría ser de tres por ciento en las entidades que tengan pocos ingresos y menor en los que tienen mucho dinero como Nuevo León o el Estado de México, pero garantizando un mínimo.
De esa forma el Ejecutivo y el Legislativo no le van a decir al Judicial cuánto le toca, sino que habrá certeza del presupuesto del que se dispondrá para así mismo planear y garantizar no solo el pago a los trabajadores, también a proveedores, así como las obras a realizar porque, por un lado, se acrecientan las facultades y responsabilidades y, por otro lado, se le reduce el presupuesto.
Esa falta de cumplimiento en la entrega de los recursos presupuestales aprobados y calendarizados provocó fricciones con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán que el año pasado realizó varios paros de labores para exigir, con justa razón, el pago de sus salarios, pese a la claridad que había de que no dispersaban los recursos porque el Ejecutivo no había depositado. Morales señaló que ya un Tribunal de Sinaloa generó una resolución sobre el no pago, la cual generó controversia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró procedente con el argumento de que el hecho de que el Ejecutivo no tuviera dinero no la eximía de pagar al Judicial y ordenó que en cuanto tuviera dinero se pagara.
Sin embargo, la SCJN dio marcha atrás y a los 32 tribunales no les quedó más que seguir las reglas y, desde su punto de vista, ahí fue cuando la independencia del Poder Judicial sucumbió y luego se politizó, hasta estos momentos.
