Luego de que diputados no aprobaron una primera propuesta, el gobernador Alfredo Ramírez volverá a enviar al Congreso una iniciativa para sancionar a funcionarios que obstruyan la justicia en casos de feminicidio.

Morelia, Michoacán. Van contra funcionarios públicos que entorpezcan la procuración de justicia en materia de feminicidios y violencia contra la mujer. Ante los largos procesos de judicialización en casos de feminicidio, el gobierno de Michoacán presionó al poder Judicial y Legislativo a poner orden.

Casos como el de Jessica Gonzáles Villaseñor y otras mujeres víctimas de la violencia se han prolongado por más de dos años a pesar del impacto a las víctimas directas e indirectas.

Por lo anterior, el ejecutivo estatal exhortó a que la Fiscalía General de Michoacán y el Poder Judicial agilicen los procesos para evitar la dilatación de los procesos judiciales como parte de las estrategias legales de los victimarios.

Ramírez Bedolla insistió en que el Gobierno de Michoacán promovió en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal para agravar las penas por feminicidio y castigar, hasta por ocho años de prisión, a los servidores públicos que retarden o entorpezcan la procuración de justicia.

Sin embargo, lamentó que las y los diputados locales no incluyeran este último apartado en la reciente aprobación de la modificación del Código Penal, al considerar que debe observarse el actuar de quienes llevan las investigaciones y juicios respectivos para así avanzar en la justicia y lucha social de las mujeres y familiares de las víctimas.

Por lo que, el gobernador afirmó que se volverá a enviar al Poder Legislativo del estado la propuesta para que se agregue el apartado como especificó en el comunicado enviado a la opinión pública.

“Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y actualización, además será destituido e inhabilitado”, manifestó.

En semanas pasadas, trascendió que ante casos como el de Jessica Gonzáles Villaseñor y la escasa tasa de justicia, la CEDH señaló que ya se trabaja en un informe especial sobre la tasa de judicialización de delitos como el feminicidio, homicidio doloso en agravio de la mujer, acoso sexual, agresión sexual, discriminación y otros fenómenos que afectan todos los días a las mujeres.

Especialistas advierten que la violencia contra la mujer se mantiene en impunidad en Michoacán. Según datos de la propia Fiscalía y el Poder Judicial, apenas la tercera parte de los casos de violencia, entre Homicidio, lesiones, abuso sexual, acoso y otros tipos de agresiones, solo una tercera parte se logra judicializar correctamente y menos del 12 por ciento termina en sentencias condenatorias.

Organizaciones de la sociedad civil advierten que la violencia ha encontrado en la impunidad un nicho de oportunidad y ha crecido de manera exponencial. Mientras en 2019 se contabilizaron 186 mujeres asesinadas, para el 2020, año en que fue asesinada Jessica, la cifra de vidas de michoacanas cegadas de forma violenta aumentó a 252.PUBLICIDAD

El año pasado, todavía dentro de un escenario de contingencia sanitaria y crisis económica el número de mujeres asesinadas se volvió a elevar, ahora a 279. En los primeros 8 meses de 2022 ya suman 211 víctimas de homicidio doloso o feminicidio. La tendencia sigue al alza, mientras en 2021 el promedio de féminas muertas era de 23 al mes, para este año ya supera los 26 asesinatos. En casi todos los casos la justicia sigue ausente y con la amenaza de velada de no llegar nunca.

Luego del empantanado caso del feminicidio de Jessica Gonzáles Villaseñor, la familia de la víctima denunció las fallas en el sistema que han llevado a los altos niveles de impunidad que prevalecen hasta este 2022.  Y es que desde el feminicidio de Jessica al menos otras 583 mujeres michoacanas han sido asesinadas, buena parte de ellas en contextos asociados a la violencia intrafamiliar y de género, y en procesos de investigación, justicia y reparación del daño que enfrentan un sinfín de obstáculos y dilaciones.