Un Regulador Independiente en Telecomunicaciones


Ernesto Piedras
La conclusión del Proceso Electoral Federal 2023-2024 dio el triunfo en las elecciones a Claudia Sheinbaum y una mayoría calificada en la Cámara de Diputados a Morena y a sus partidos aliados, el PT y PVEM.Ello daría al oficialismo la posibilidad de realizar modificaciones constitucionales, a pesar de que en la Cámara de Senadores, se quedaron a 3 escaños de obtener la mayoría calificada.

El llamado ‘Plan C’ para realizar reformas constitucionales del presidente saliente luce inminente al comienzo de la próxima legislatura en septiembre.

Ello contempla no sólo una Reforma Electoral y al Poder Judicial, sino también la extinción de los órganos constitucionales autónomos, entre los que se cuenta el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), bajo el argumento de que representan un gasto innecesario y operan sin supervisión.

Un Regulador para la Competencia y el Bienestar de los Consumidores en Telecomunicaciones. El IFT nació en 2013 como respuesta a la necesidad de contar con un regulador sectorial autónomo, con el mandato de regular y gestar competencia en el sector convergente de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de generar condiciones óptimas de acceso, cobertura, calidad y pluralidad de estos servicios.

Su potencial extinción no tiene en consideración los beneficios tangibles que su existencia ha generado.Desde su creación, contar con un órgano especializado independiente ha impulsado la entrada de nuevos competidores, los mercados se han aproximado a un escenario de mayor competencia efectiva, los consumidores se benefician de menores precios, disponibilidad extendida, mejor calidad, así como de una diversificación en la oferta de servicios.

La independencia del regulador sectorial le permite tomar decisiones técnicas, sin ningún sesgo político y/o económico, atributo esencial para garantizar un terreno de juego parejo y competitivo.Importancia de un Regulador Independiente Especializado.

Desde una perspectiva internacional se identifica que los países con un regulador autónomo y especializado en telecomunicaciones que generan mercados más competitivos y desarrollados.

En el mundo, se contabilizan cerca de 200 países con organismos reguladores especializados en telecomunicaciones.Por ejemplo, La Unión Europea cuenta con el Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), un organismo que congrega a los reguladores independientes nacionales y fomenta la aplicación de buenas prácticas regulatorias.

Este modelo ha sido clave para estimular la competencia, reducir las tarifas de roaming y mejorar la calidad de los servicios en toda Europa.En América Latina, Brasil y Chile son ejemplos de países que han beneficiado significativamente de contar con reguladores independientes.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (ANATEL) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL) han implementado políticas que han llevado a una notable expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, fomentando la inversión extranjera y mejorando la conectividad en áreas rurales y urbanas

.Desaparecer un organismo sectorial especializado independiente no solo sería un retroceso para la esquiva competencia en un sector de telecomunicaciones que continúa excesivamente concentrado. Por el contrario, causaría incertidumbre, desincentivos y desconfianza para los inversionistas nacionales e internacionales.

Además, la estabilidad regulatoria es un factor clave para estimular la inversión, fundamental en un país como México que padece déficit de infraestructura.La experiencia internacional respalda la importancia de contar con reguladores especializados e independientes.

Su extinción en México sería un grave error resultaría en consecuencias negativas para el desarrollo económico y tecnológico del país.

Si bien la presidenta electa Claudia Sheinbaum ya manifestó que habrá diálogo sobre las potenciales reformas constitucionales, amerita recordarle que en estos tiempos de incertidumbre y transición, se deben proteger y fortalecer las instituciones que han demostrado ser beneficiosas para la sociedad, para asegurar así un futuro próspero y conectado para todos los mexicanos.

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